Toda empresa depende de proveedores, contratistas, clientes y personas en roles sensibles. Cada relación puede generar riesgos legales, laborales, financieros, reputacionales o de continuidad operacional.

La Ley de Delitos Económicos amplió la responsabilidad penal de las empresas y reforzó la importancia de gestionar sus riesgos. Evaluar a los terceros con criterios objetivos y respaldar las decisiones fortalece la prevención y el control.

Para quien es evaluado, la exigencia también crece: los clientes requieren cada vez más evidencia de confiabilidad antes de contratar.